El Gobierno aprobó este martes un real decreto-ley que le permite topar precios de servicios o productos en una situación de emergencia. Lo hizo a propuesta del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y ha desatado inmediatamente la irritación de amplios sectores empresariales afectados, entre ellos el de los grandes almacenes. El decreto establece que cuando se produzcan emergencias como el accidente de Adamuz o la Dana, «los precios no podrán ser superiores al máximo que hayan tenido en los últimos 30 días, ni superar en un 50% "
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Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
que le den por el culo a Carrefour y a El Corte Ingles
el interes general está mas que justificado y el afan de robar de los que suben precios al calor de las desgracias, también
Y millones de burros y analfabetos henchidos de odio votando a estas corporaciones porque perroShanxe blablablá.
Pero el fondo, una ley que asegura precios "justos" a las personas de a pie en caso de emergencia, es de total sentido común.
Claro indicativo de que la medida es buena.