Ante ese escenario, el decreto ordena la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo la autoridad directa del Presidente de la República. Y dispone la militarización de la infraestructura "de servicios públicos, la industria petrolera y demás industrias básicas del Estado", además de ordenar al personal de dichas áreas a quedar sometido temporalmente al régimen militar.
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