Más allá de su impacto socioeconómico, Campo ha calificado el proceso regulatorio como "un acto de justicia con aquellas personas que han elegido nuestros pueblos para sus proyectos de vida, y que gracias a su esfuerzo mantienen la cadena productiva de un cultivo que requiere labores tanto en el campo como en los almacenes". "Esas personas ahora van a contar con los mismos derechos y deberes que el resto de vecinos y vecinas", ha recalcado.
Amén a todo.
Esta hablando de Madrid?