El Gobierno reconoce que no supervisa el uso del dinero público que canaliza hacia empresas en las que participa a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Este reconocimiento se recoge en una respuesta parlamentaria en la que el Ejecutivo delimita funciones. Además, descarta tener conocimiento sobre las relaciones empresariales derivadas de operaciones financiadas con recursos públicos. La respuesta del Ejecutivo tiene lugar en un contexto de intervencionismo en empresas y de escrutinio sobre el control de fondos
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