Organizaciones sociales marchan para exigir el fin de la criminalización de la protesta por parte del gobierno peronista. Las organizaciones sociales también exigieron el desprocesamiento, cierre de causas y anulación de condenas "de más 5.000 luchadores obreros y populares de todo el país" que no son oficialistas al peronismo en el poder. Según las cifras que manejan los abogados que defienden a trabajadores con estos casos, en la actualidad hay unos 4.500 procesados por conflictos sociales.