La dinámica se repite en varias comunidades autónomas gobernadas por el PP. Amparándose en la ley de vivienda aprobada la pasada primavera, municipios gestionados por la izquierda solicitan a sus respectivos Ejecutivos autonómicos la declaración de zona tensionada de parte o la totalidad de sus ciudades, una condición imprescindible para poder controlar los galopantes encarecimientos de los precios de los alquileres. Pero sistemáticamente esos gobiernos en manos del PP –que junto a varias de sus comunidades ha recurrido la normativa ante el Tri
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