Sanidad considera que la queja confirma que “las aseguradoras que daban servicio a Muface llevaban a cabo prácticas de selección de riesgos” para ahorrar dinero. Los hechos denunciados perjudican especialmente a un millón de funcionarios y sus familias que eligen cada año recibir a través de Muface la asistencia a través de los seguros médicos relacionados —otro medio millón de empleados públicos elige acudir a la red sanitaria pública—, ya que en su caso los enfermos no tienen la opción de acudir a la sanidad pública a recibir los tratamientos
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