En 2006, Venezuela se opuso al videojuego Mercenaries 2, ambientado en una situación de ficción en un futuro próximo en la que el jugador deberá combatir en territorio venezolano en una guerra que tiene como objetivo controlar el petróleo. La legisladora venezolana Gabriela Ramírez, consideró al juego como "una justificación para una agresión imperialista", afirmando que el juego podría ser prohibido en el país por las leyes destinadas a proteger a los niños de videojuegos violentos.
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