Debido a una falsa solicitud de portabilidad, una anciana con problemas importantes de salud se ve privada de su línea, contratada con Telefónica. A pesar de las llamadas a Vodafone, Telefónica y a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, se descubre que hay que hacer un montón de trámites y que la citada persona puede estar cuando menos quince días más sin teléfono. Lo que algún operador pudo activar en segundos utilizando datos privados, supone un calvario para la titular que nunca dio su aprobación, ¿a quién protege la Ley?
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