El siete de octubre unas dos mil personas protestan en Cádiz por la práctica habitual de la perrera de Puerto Real de sacrificar con paralizantes musculares a los perros recogidos. La denuncia fue realizada por una pareja de ciudadanos italianos, Simone Righi y Jo Fiori, que habían dejado allí a sus tres perros en régimen de pensión. Al finalizar la manifestación, mientras la alcaldesa era increpada, con las cámaras de televisión presentes la policía detuvo violentamente a Simone Righi, acusado de "atentado", desde entonces permanece en prisión
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