El comité científico y técnico que analiza instrumentar la castración química en Mendoza para condenados por abuso sexual finalizó sus deliberaciones y presentó junto al gobernador Celso Jaque el informe final. Sólo se someterían al tratamiento quienes lo pidan en forma voluntaria. Se avanzará además en que los delitos contra la integridad sexual, considerados de índole privada, pasen a ser calificados como de instancia pública, para que el Estado pueda llevar adelante estos casos cuando se trate de menores.
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