El núcleo del problema reside en un conflicto legal directo e irreconciliable. La Ley US CLOUD de 2018 permite a las autoridades estadounidenses obligar a las empresas tecnológicas con sede en EE. UU. a proporcionar los datos solicitados, independientemente de dónde se almacenen a nivel mundial. Esto coloca a las organizaciones europeas en una situación precaria, ya que entra en conflicto directo con la estricta normativa europea sobre privacidad, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
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