El Ayuntamiento de Madrid ha ganado la batalla legal que le enfrentaba a varios arrendatarios de viviendas de protección pública por los gastos de la comunidad. El Tribunal Supremo ha avalado que los inquilinos sean los que asuman estos costes comunes a todos los vecinos, tal y como se estableció en los contratos de arrendamiento, porque así lo permite la legislación madrileña en materia. De este modo, los magistrados de la Sala de lo Civil rechazan la aplicación de la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU), que obliga además a cuantificar el coste
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