El Ingreso Mínimo Vital le fue concedido de oficio en 2020 sin tener en cuenta un cambio en su unidad de convivencia. Años después, la Seguridad Social le reclama una deuda que no puede pagar, ha embargado su vivienda y enfrenta a ella y a su hermana, ambas con discapacidad, a un desahucio inminente.
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