Ante esta situación, que ha provocado la suspensión de más de 100.000 actuaciones judiciales en toda España, el Ministerio de Justicia informó ayer del inicio de los primeros expedientes a funcionarios que no han cumplido los servicios mínimos tras analizar las primeras denuncias oficiales. También comenzarán a descontarles los días de huelha. Los huelguistas cobran 220 euros menos cada mes que sus compañeros transferidos a las comunidades.
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