El instructor Rubén Rus considera, en contra de lo que alegan los investigados, que su juzgado es el “competente territorialmente” para indagar en la supuesta trama que, durante la etapa de Montoro en el Gobierno, presuntamente influyó en el Ejecutivo de Mariano Rajoy para conseguir legislación favorable a empresas gasistas y de otros sectores, presuntamente a cambio de pagos millonarios a su antiguo despacho, Equipo Económico. La Fiscalía Anticorrupción y tres acusaciones defendían que la causa siguiera en manos del magistrado.
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