El teniente fiscal de la Fiscalía de Madrid, Pedro Martínez, elevó a mediados de 2006 una consulta al Fiscal General del Estado en la que advertía de que la normativa vigente era insuficiente para proteger los derechos civiles de los ciudadanos frente a sistemas de interceptación de comunicaciones como SITEL, señalaba que el uso de este tipo de herramientas suponía un ataque frontal a los artículos 18 y 24 de la Constitución española y un abandono del Estado de Derecho y proponía que se regularan estas cuestiones mediante Ley Orgánica.
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