Roy Fernández pasa su tiempo de trabajo en la Fundación Canaria para la Promoción de la Educación sentado frente a la pantalla azul de un ordenador. Ni siquiera puede utilizarlo, porque el Gobierno autónomo, de quien depende -o más bien dependía- este organismo, ha cancelado su cuenta de usuario, al igual que ha hecho con sus cinco compañeros de la fundación, que se ha transformado en una entidad fantasma, abierta al público pero sin ninguna actividad encomendada.
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