El gobierno explicó que propuso la sanción de separación del servicio contra el trabajador (que la recurrió) tras haber comprobado en varias ocasiones que estaba trabajando en tareas ajenas al Concello mientras estaba de baja por enfermedad. La investigación (a la que se asignó a un policía) se abrió ante la acumulación de 657 días de bajas por parte del trabajador en los tres últimos años.
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