Hacienda investiga un posible fraude fiscal que podría superar los 25 millones de euros cometido por los dueños reales de los aviones privados. Muchos de los usuarios de los jets podrían haber ocultado su condición de propietarios de las aeronaves para no pagar el Impuesto de Matriculación (12% del valor del avión) y el IVA de importación correspondiente (16%), además del Impuesto sobre Hidrocarburos del combustible suministrado a la aeronave.
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