En los conflictos contemporáneos, la guerra ya no se libra solo con misiles; también se libra con ruedas de prensa, comunicados oficiales y un control bastante fino del relato. La etiqueta de “crimen de guerra” no se aplica en un laboratorio jurídico aislado, sino en un entorno donde pesan —y mucho— las alianzas, la influencia internacional y la capacidad de imponer una versión de los hechos. En ese contexto, la acusación de doble vara de medir en el caso de Israel no es precisamente marginal: lleva años formando parte del debate internacional.
Sobre el papel, el derecho internacional humanitario es meridianamente claro. Los Convenios de Ginebra establecen tres principios básicos: distinción entre civiles y combatientes, proporcionalidad y necesidad militar. Todo muy ordenado… hasta que empiezan las operaciones reales y esos principios tienen que aplicarse en entornos urbanos densamente poblados, donde una “infraestructura” puede ser, al mismo tiempo, un objetivo militar, un bloque de viviendas y la única farmacia del barrio.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional no se dedican precisamente a escribir panfletos: trabajan con análisis forense, verificación de imágenes y testimonios sobre el terreno. Y, de forma reiterada, han documentado ataques contra infraestructuras civiles —prisiones, escuelas, hospitales, redes eléctricas o instalaciones de agua— que, según sus evaluaciones, podrían constituir crímenes de guerra y requieren investigación independiente. Estas conclusiones han señalado en múltiples ocasiones a operaciones militares israelíes en lugares como Gaza o el sur del Líbano.
En Gaza, por ejemplo, informes de distintos organismos han documentado la destrucción o daño grave de hospitales, centros educativos y sistemas de suministro básico. Israel sostiene que muchos de estos lugares eran utilizados con fines militares por grupos armados, lo que los convertiría en objetivos legítimos. El problema —recurrente— es que la verificación independiente de esas afirmaciones no siempre es posible, mientras que los efectos sobre la población civil sí lo son: hospitales fuera de servicio, barrios enteros reducidos a escombros y servicios esenciales colapsados. Nada especialmente abstracto.
Uno de los puntos más incómodos —y difíciles de maquillar— es el uso de fósforo blanco. Legalmente, no está prohibido en todos los contextos: puede emplearse para generar humo o señalización. El matiz importante (y bastante evidente) es que cuando ese material se utiliza en zonas con presencia civil, la discusión deja de ser técnica y pasa a ser casi física: el fósforo blanco no “elige” objetivos. Arde, se dispersa y causa quemaduras profundas a cualquier cuerpo que alcance, sea combatiente o no. Una cualidad poco compatible con el concepto de “daño quirúrgico”, por decirlo suavemente.
Human Rights Watch ha documentado su uso en el sur del Líbano en contextos donde había población civil, señalando que su empleo aéreo en zonas pobladas puede ser indiscriminado. Amnistía Internacional ha llegado a conclusiones similares en incidentes concretos, indicando que deberían investigarse como posibles crímenes de guerra. Y no, no es algo nuevo: ya en 2009 se documentaron episodios similares en Gaza. Parece que algunas “excepciones” tienden a repetirse con cierta frecuencia.
Israel reconoce el uso de este tipo de munición, pero sostiene que su finalidad es legítima, como la generación de cortinas de humo. El problema no es la declaración en sí, sino la fricción entre esa explicación y los efectos observados sobre el terreno por organismos independientes. Esa disonancia es, como mínimo, difícil de ignorar, aunque siempre queda el recurso clásico: discutir la credibilidad del mensajero cuando el mensaje resulta incómodo.
En paralelo, cuando el foco se desplaza hacia Irán —ya sea por acciones directas o a través de aliados— aparecen denuncias similares: ataques contra objetivos en zonas civiles, daños a infraestructuras y uso de medios con efectos indiscriminados. Instalaciones energéticas, edificios administrativos o zonas urbanas han sido señalados como afectados en distintos episodios del conflicto indirecto entre ambos actores. La diferencia es que, en este caso, la calificación suele ser inmediata y categórica: violación del derecho internacional.
Y aquí es donde la coherencia empieza a hacer aguas con cierta elegancia.
Porque cuando acciones comparables —ataques en entornos con civiles, destrucción de infraestructuras críticas, daños previsibles sobre población no combatiente— reciben etiquetas completamente distintas según quién las ejecute, el problema deja de ser jurídico. Es político. O, si se prefiere un término más honesto, es una cuestión de quién tiene el megáfono más grande.
El caso de las bombas de racimo añade otra capa al asunto. Este armamento está prohibido por tratados internacionales debido a su carácter indiscriminado y su impacto a largo plazo sobre la población civil. Aunque en los conflictos recientes las acusaciones contra Israel se han centrado más en armas incendiarias, el uso documentado de municiones de racimo en conflictos anteriores —como en Líbano— sigue pesando en la percepción internacional. Porque, al parecer, la memoria histórica también tiene sus propios criterios de selectividad.
Frente a las críticas, la narrativa oficial israelí se apoya en tres pilares: legítima defensa, existencia de objetivos militares y acusaciones de uso de escudos humanos por parte del enemigo. Este último punto es especialmente complejo. Existen informes que documentan el uso de infraestructuras civiles por grupos armados en algunos casos, pero también hay reiteradas advertencias sobre la dificultad de verificar estas afirmaciones de forma generalizada. Es decir, no es una carta blanca automática, por mucho que a veces se utilice como tal en el discurso público.
Y ahí está el núcleo del problema: lo que en unos casos se denuncia como una violación intolerable del derecho internacional, en otros se redefine como una consecuencia inevitable del combate moderno. No porque cambien las normas, sino porque cambia quién las interpreta y con qué margen de credibilidad.
Esto no significa que todas las acciones sean equivalentes. No lo son. Pero la coherencia en la aplicación de principios debería ser independiente del actor. Cuando no lo es, la credibilidad del sistema empieza a parecerse peligrosamente a un ejercicio de relaciones públicas.
Un ejemplo especialmente revelador del tipo de lógica que emerge en estos contextos es el de la deshumanización del adversario. En algunos discursos —no oficiales, pero sí presentes en el debate público— se ha llegado a justificar la violencia contra menores bajo la premisa de que “serán combatientes en el futuro”. Una especie de ciencia ficción moral aplicada en tiempo real.
Y sin embargo, ese razonamiento, llevado un paso más allá, se desmonta solo: si anticipar la conducta futura justificara la violencia presente, entonces cualquier país con servicio militar obligatorio estaría, por definición, produciendo “objetivos legítimos en potencia”. En el caso de Israel, donde hombres y mujeres deben realizar servicio militar, la conclusión absurda sería evidente. Y precisamente por eso el derecho internacional no funciona así: porque incluso en la guerra hay líneas que no deberían cruzarse, aunque a veces se rodeen con bastante creatividad.
No es legítimo matar a niños palestinos porque hipotéticamente podrían ser combatientes en el futuro. Tampoco lo sería aplicar esa misma lógica a niños israelíes por su servicio militar obligatorio. Si una idea solo funciona cuando se aplica en una dirección, no es un principio: es propaganda con uniforme.
Al final, la cuestión no es solo quién comete un posible crimen de guerra, sino quién tiene la capacidad de definirlo sin que esa definición sea inmediatamente cuestionada. Y mientras esa capacidad dependa más del peso geopolítico que del marco jurídico, la justicia internacional seguirá pareciendo, para muchos, selectiva.
En los conflictos actuales, ganar la guerra del relato es casi tan importante como ganar la guerra sobre el terreno. Y en ese relato, el término “crimen de guerra” ha pasado de ser una categoría jurídica a convertirse, con demasiada frecuencia, en un instrumento político. No siempre para describir la realidad, sino para moldearla. Y, en ocasiones, para suavizar lo que de otro modo sería bastante difícil de justificar sin ese barniz narrativo.
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