Una década después del auge urbanístico que extendió la fiebre de los PAI por toda la Comunitat Valenciana, el Tribunal Supremo se ha posicionado sobre una de las polémicas que encendieron el debate sobre el "bum" del ladrillo: la disponibilidad de agua de los planes urbanísticos y qué administración es competente para dictaminarla. El Supremo ha dictado en los últimos nueve meses tres sentencias que anulan tres planes urbanísticos que se aprobaron sin el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre disponibilidad de agua.
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Todas las costas deberían ir a los jueces del TSJ