Para estos militantes socialistas “la Ley Sinde es limitadora de la libertad de expresión, contraria a la separación de poderes y es impropia de una democracia avanzada”. Además defienden el recurso a las consultas populares (referéndum), la reforma de la ley electoral (más proporcional) y que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo no quede en manos de los partidos políticos para asegurar su independencia.
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