Las empresas que hayan provocado daños al medio ambiente deberán pagarlos, y limpiarlos. La Ley de Responsabilidad Medioambiental, aprobada ayer, obliga a las empresas a pagar por el daño cometido y a restaurar el ecosistema contaminado. La norma, que traspone una directiva europea, pretende que los daños al medio ambiente como los vertidos a los ríos, no queden impunes y que, sobre todo, el Estado no tenga que costear su reparación. Tampoco están incluidas las instalaciones nucleares ni los vertidos de hidrocarburos al mar como el del Prestige
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