El TSJ del País Vasco confirma la improcedencia del despido de una auxiliar administrativa sustituida por un proceso de robotización en mayo 2023. La entidad financiera no probó la reducción real de costes, la menor carga de trabajo ni la reorganización que justificarían el despido objetivo. El art. 52 c) ET exige acreditar el impacto técnico concreto; alegar “eficiencia” o “ahorro” sin datos no basta. Tampoco se acreditó cuántos empleados realizaban tareas similares ni la imposibilidad de recolocar a la trabajadora.
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