Cuando el Concilio Vaticano II votó el 19 de noviembre de 1965 la Declaración sobre la libertad religiosa, entre la minoría opuesta que votó en contra (249 frente a 1.954 votos positivos) estaba el episcopado español. La iglesia postconciliar, liderada por el cardenal Tarancón, cumplió su papel sin intervencionismo agresivo, ni abstencionismo acomplejado. Hoy hay que dar un paso más para lograr la laicidad del Estado y defender la libertad religiosa. El Gobierno debería decidirse a denunciar los acuerdos Iglesia-Estado, que hoy son anacrónicos.
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