La directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo de 7 de marzo de 2002, previene todo tipo de garantías para los internautas pero no precisamente la banda ancha. Por tanto, de aprobarse esta enmienda, es colar por la puerta de atrás que hasta 4 millones de españoles que aún no acceden a velocidad suficiente a Internet, no tenga una básica disposición legal a la que acogerse.
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