Miguel lleva varios días más preocupado de lo habitual. Tiene 63 años y una discapacidad respiratoria que le impide trabajar. Cobra una pensión de 800 euros. Su mujer ingresa la misma cantidad, por un trabajo a jornada parcial. En 2023, venció su contrato de alquiler y el fondo de inversión en el que viven decidió echarlos, pese a estar al día de todos sus pagos. “Gracias a la moratoria antidesahucios se pudo parar, pero ahora que ha caído el decreto no sé en qué momento me pueden echar”, lamenta.
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