El 52,6% de las inspecciones llevadas a cabo por el Departamento vasco de Economía y Empleo para comprobar el empadronamiento de las personas perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) acaban con la extinción de estas ayudas tras detectar incumplimientos de la normativa. Del total de expedientes de cobro suspendidos, la mayoría (708) corresponden a ciudadanos nacionales y 581 a personas con nacionalidad extranjera.
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