Las asociaciones de jueces han acogido con escepticismo el plan de medidas anticorrupción anunciado ayer en el Congreso por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el estallido del 'caso Cerdán'. Consideran que ya existen instrumentos normativos y organismos de lucha contra la corrupción y lo que hace falta es que se les dote presupuestariamente para tener suficientes medios personales y materiales, y "una voluntad política real de acabar con prácticas corruptas".
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