Un activista de derechos humanos está detenido y acusado de atentar contra la seguridad del Estado a raíz de la denuncia que ha hecho su organización sobre la catástrofe ecológica y sanitaria que sigue suponiendo la explotación clandestina de ese yacimiento. La denuncia critica el apetito del gigante nuclear francés AREVA, con quien el Ministerio de Minas congoleño ha firmado acuerdos. Relacionada:
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