En toda la capital, la gente trabajadora común y corriente —enfermeros, conductores de autobús, dependientes, repartidores, obreros de la construcción— está sufriendo graves consecuencias económicas debido a un mercado de alquileres que se ha disparado hasta tal punto que la brecha ya no puede describirse como una crisis. Es un colapso. No se trata de un desastre natural. Es el resultado previsible de décadas de decisiones políticas, como la retirada del Estado de la vivienda social o el tratamiento de las viviendas como activos de inversión.
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