Este miércoles entra en vigor la Ley de Morosidad, que fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas, con un periodo de adaptación en ambos casos que se extenderá hasta 2013. La norma, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga al Gobierno a articular a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) una línea de crédito directo dirigida a ayuntamientos con el fin de que puedan pagar sus deudas con empresas y autónomos.
Comentarios
Pues si, una de esas pocas leyes en las que no se ven intereses particulares.
Muy bueno eso de que las empresas no puedan negociar plazos superiores (véase Telefónica, por ej., que cualquiera que trabaje para ella sabe que tiene que joderse con unos plazos abusivos) y que las empresas tengan que hacer públicos anualmente los plazos con que pagan sus deudas.
Buenísima noticia sí señor, ya era hora. Bien, bien
Me parece buena medida señor Zapatero, ea, ya lo he dicho.
Esto deberia ir en ocio/humor
Pues esta ley va a triunfar en españa, porque no van a ser ni una ni dos ni tres las empresas implicadas...