El Gobierno es el patrón de más de medio millón de trabajadores de la Administración estatal. Pero de este colectivo, el Ejecutivo solo podrá despedir a poco más de 72.000 empleados, que no son funcionarios (el 13% del total del Estado). Así, los gobiernos autonómicos y locales harán el mayor ajuste entre sus 800.000 trabajadores no funcionarios.
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