El Gobierno se había comprometido con los agentes implicados en este negocio a presentar una legislación para combatir las descargas ilegales en la Red antes de que España ocupe la presidencia de la Unión Europea. Pero tanto el Ministerio de Industria como el de Cultura han aplazado la toma de cualquier tipo de decisión sobre este polémico asunto hasta mayo de 2010, según ha confirmado hoy el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros.
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