El Gobierno incumple desde hace cuatro meses un mandato parlamentario para presentar en las Cortes Generales un informe con medidas que permitan frenar la sangría de los desahucios. Después de que jueces, colectivos y hasta la Unión Europea hayan sacado los colores al Ejecutivo por una norma de principios de siglo que ha dejado ya sin hogar a más de 350.000 personas desde el inicio de la crisis.
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