El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, anunció hace unos meses que había iniciado actuaciones de oficio con los departamentos competentes de las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para recabar información sobre las demoras que se están produciendo en la valoración de personas con discapacidad. El motivo: que el número de quejas de los ciudadanos por esta causa se ha triplicado en los últimos cinco años y, según ha podido constatar la institución, los retrasos llegan a ser de hasta tres años en algunas regiones.
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