El Tribunal Constitucional luso considera discriminatorios los recortes salariales aplicados en Portugal a los funcionarios públicos y pensionistas y no al sector privado, pero no impedirá que la medida se aplique este año.El dictamen, divulgado hoy, obligará al Gobierno portugués a adoptar nuevas medidas de austeridad o extender los recortes a la empresa privada para cumplir la reducción del déficit fiscal comprometida en el rescate financiero que pidió el año pasado.
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