La batalla financiera está servida. Y, contra pronóstico, no precisamente por la reticencia de las autonomías del PP. Al menos en esta ocasión. La propuesta de la Junta de Andalucía de garantizar por ley el acceso a un piso de protección oficial en régimen de alquiler o propiedad a todo residente en la comunidad autónoma con ingresos inferiores a 3.100 euros mensuales, ha desatado la caja de los truenos en el seno del Ejecutivo y entre las filas socialistas.
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