Entrado el siglo XXI algunos trabajadores españoles mantienen condiciones laborales propias del siglo XIX, que suponen en la práctica un amplísimo margen de discrecionalidad empresarial y de indefensión para los trabajadores. Los trabajadores agrarios y las empleadas de hogar no pueden cotizar por lo que realmente cobran por su trabajo, se ven obligados a cotizar por una cuantía fija que establece anualmente el Gobierno con independencia de su salario real, Ello hace que sus prestaciones son más bajas que las derivadas de otro trabajo.
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