En la última década, la expansión del crimen organizado se ha consolidado como un desafío fundamental para los Estados latinoamericanos y sus democracias. Si en el pasado pensábamos que este problema superaba solo a Estados débiles, con poca capacidad de proyectar su autoridad y presencia en amplias zonas de sus territorios, hoy es claro que también genera graves problemas entre los más fuertes de la región, como Costa Rica, Chile y Uruguay, países que han visto incrementar notoriamente los niveles de violencia criminal en la última década.
