#teahorrounprompt

Ante la incredulidad de muchos meneantes que han visto a la UCO reconstruir hasta el último piso, mensaje, viaje, pago y relación personal de Ábalos, pero siguen esperando una precisión parecida con el dinero del novio de Ayuso o las cuentas de Montoro, he creado un prompt para entender el fenómeno:

Actúa como cronista judicial español. Compara la velocidad, intensidad y lenguaje de la UCO cuando investiga casos que afectan al PSOE, al Gobierno o al fiscal general del Estado, frente a casos que afectan al entorno del PP. No afirmes conspiraciones. Limítate a poner juntos los cronómetros, las frases y las cuentas bancarias.

Y el resultado es bastante didáctico.

1. Ábalos: aquí sí hay lupa

En el caso Ábalos-Koldo-Aldama, el teniente coronel Antonio Balas, jefe de Delitos Económicos de la UCO, no se limita a decir que hay indicios. Construye relato. Dice que Aldama pagaba, que “el que paga manda”, pero que sin Ábalos “no habría sido posible”. También lo presenta como “miembro cualificado” y figura clave para abrir puertas en la Administración.

Aquí la UCO sabe quién paga, quién manda, quién consigue, quién abre puertas y hasta qué papel sentimental o doméstico juegan determinados pisos. En concreto, se ha informado del pago de 88.000 euros por el piso disfrutado por Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos.

Cuando el foco está en Ábalos, la investigación parece una novela realista: personajes, jerarquía, pisos, frases, pagos, acompañantes, WhatsApps y moraleja.

2. González Amador: casi dos millones y la lupa se empaña

Luego está Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Según las informaciones publicadas, cobró 1.973.000 euros de FCS Select por intermediar en la compra de material sanitario durante la pandemia, a través de Maxwell Cremona.

También se ha publicado que Ayuso y González Amador viven o han vivido en una vivienda de alrededor de un millón de euros, comprada después del fraude fiscal investigado.

Y aquí viene el contraste: por 88.000 euros de un piso vinculado a Ábalos tenemos narrativa, intención, jerarquía y psicología criminal. Por casi dos millones de euros en comisiones pandémicas y una casa de lujo donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, el sistema parece necesitar más tiempo, más prudencia y más siestas procesales.

La UCO fue encargada de investigar el posible origen ilícito del patrimonio de González Amador, y la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado su intento de impedir que la unidad informe sobre ese patrimonio.

Es decir: la investigación existe. Lo curioso es el volumen del altavoz.

3. El fiscal general: cuando investigar al novio de Ayuso acaba contigo en el banquillo

El caso del fiscal general del Estado es la obra maestra de la unidireccionalidad.

La Fiscalía investiga el fraude fiscal de González Amador. La defensa del novio de Ayuso había ofrecido reconocer dos delitos fiscales para alcanzar un pacto. Después estalla la batalla mediática por los correos. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, admitió haber difundido un correo del fiscal que investigaba al novio de la presidenta madrileña.

Pero el condenado acaba siendo Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por revelación de secretos. El Supremo lo condenó a dos años de inhabilitación, multa e indemnización a González Amador.

La UCO registró, analizó y pidió datos a Google y WhatsApp. ¿Resultado? No encontró información inédita de interés en esos datos.

Resumen para niños:

si el fiscal general intenta desmontar el relato construido alrededor del novio de Ayuso, acaba condenado.

si Miguel Ángel Rodríguez difunde correos y habla de “órdenes de arriba” como deducción o intuición, el tren judicial no parece coger la misma velocidad.

4. Leire Díez: buscar mierda contra Balas también tiene premio

Leire Díez es el espejo perfecto.

Según las informaciones publicadas, fue imputada por supuestas maniobras para obtener información comprometedora sobre mandos de la UCO y fiscales. Entre esos nombres aparecía Antonio Balas.

La idea es maravillosa en términos institucionales:

si buscas corrupción o trapos sucios contra Balas, acabas investigada.

si la Fiscalía busca el fraude fiscal del novio de Ayuso, acaba condenado el fiscal general.

si la UCO investiga a Ábalos, tenemos relato completo.

si hay que seguir el dinero de Montoro, entramos en modo niebla.

No hace falta decir que todo sea una conspiración. Basta con observar hacia dónde corren los procedimientos y hacia dónde caminan.

5. Montoro: seguir el dinero, pero sin pasarse

El caso Montoro es el mejor ejemplo de cómo el entusiasmo investigador puede sufrir bajadas de azúcar.

La Fiscalía Anticorrupción investiga presuntos favores fiscales vinculados al exministro Cristóbal Montoro y a su antiguo despacho, Equipo Económico. La causa incluye posibles delitos graves de corrupción, tráfico de influencias y fraude a la Administración.

Pero cuando tocaba analizar cuentas, la fiscal del caso reprochó que el informe de la UCO tenía un “alcance reducido”: solo analizaba 10 cuentas de entre más de 200 entregadas. La frase de la fiscal es bastante clara: “Ninguna conclusión puede extraerse del mismo”.

Para Ábalos: mensajes, pisos, pagos, acompañantes, relaciones y relato completo.

Para Montoro: 10 cuentas de más de 200 y ya si eso vamos viendo.

Conclusión

No hace falta afirmar que la UCO actúa por encargo político. Tampoco hace falta decir que todos los jueces, fiscales o guardias civiles participan en una conspiración.

Basta con mirar la dirección del tráfico.

Cuando el caso mira hacia el PSOE, el Gobierno o el fiscal general, la unidad de Antonio Balas encuentra frases, móviles, registros, relatos, cronologías, pisos y hasta psicología de los acusados.

Cuando el caso mira hacia el novio de Ayuso o hacia Montoro, aparecen la prudencia, los tiempos largos, los informes de alcance reducido y las cuentas bancarias que, misteriosamente, se vuelven más difíciles de mirar.

En España la justicia no siempre es lenta.

A veces solo va en una dirección.

#teahorrounprompt

Yo, como el juez García-Castellón, también os amenazo: seguiré poniendo estos artículos mientras los sigáis leyendo. Que me lleva cinco minutos.

García-Castellón se ha mostrado muy ofendido con quienes hablan de lawfare o prevaricación judicial. De hecho, llegó a decir que si alguien cree que un juez prevarica, que presente denuncia. Como no queremos disgustar al magistrado jubilado, vamos a hacer otra cosa: no decir que prevaricó, sino imaginar qué decisiones alternativas habría podido tomar para que ningún malpensado dudase jamás de su imparcialidad.

García-Castellón se hizo fama de azote de algunos poderosos en su primera etapa en la Audiencia Nacional, con casos como Banesto o Jesús Gil. Después pasó muchos años como juez de enlace en Francia e Italia y regresó en 2017 al Juzgado Central de Instrucción número 6 para heredar algunas de las causas más sensibles de la política española: Lezo, Púnica, Villarejo, Kitchen, Dina, Podemos y Tsunami Democràtic.

Prompt:

Actúa como asesor legal de apariencia de imparcialidad judicial. Analiza las decisiones más polémicas del juez Manuel García-Castellón en causas políticamente sensibles. Para cada caso, no afirmes que haya cometido delito alguno. Indica únicamente qué decisión tomó y qué alternativa procesal, perfectamente legalista, garantista y prudente, habría podido adoptar para que ningún ciudadano escéptico dudase de su voluntad de buscar la verdad caiga quien caiga.

Y el resultado es bastante didáctico.

Lezo: volver, aterrizar y rebajar una fianza

Decisión polémica:

• En 2017 García-Castellón vuelve a la Audiencia Nacional y hereda Lezo, una causa que afectaba al PP madrileño. Poco después rebaja de cuatro millones a 200.000 euros la fianza del hermano de Ignacio González.
• Técnicamente puede tener explicación: tiempo en prisión, circunstancias personales, criterios cautelares, proporcionalidad. Perfecto.
• El problema es la apariencia. Estamos en una causa sobre una red de corrupción vinculada al PP madrileño, con sospechas sobre adjudicaciones, mordidas, comisiones y estructuras de poder. Y una de las primeras imágenes que recibe el ciudadano es la de una fianza reducida de forma espectacular a un familiar directo del expresidente investigado.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• Mantener una posición especialmente prudente durante más tiempo, intensificar registros, comunicaciones, documentación societaria y rastreo patrimonial antes de suavizar medidas cautelares tan visibles.
• No hacía falta condenar a nadie de antemano. Bastaba con no inaugurar la nueva etapa mandando el mensaje de que la causa entraba en modo descompresión.

Púnica: Esperanza Aguirre no sabía nada, al parecer

Decisión polémica:

• En Púnica se investigó la presunta financiación irregular del PP de Madrid. García-Castellón llegó a imputar a Esperanza Aguirre, pero después archivó su causa porque no se acreditó que conociera la financiación irregular de campañas o el desvío de dinero público para promocionar su imagen.
• Formalmente impecable: si no hay prueba suficiente, archivo.
• El detalle simpático es que hablamos de Esperanza Aguirre, una dirigente que gobernaba el PP madrileño con una autoridad casi monárquica. La tesis resultante viene a ser que el PP de Madrid podía organizar campañas, adjudicaciones, reputación online y financiación irregular mientras su jefa política no se enteraba de nada.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• No creerse tan deprisa el “yo no sabía nada”. Agotar agendas, correos, teléfonos, testigos internos, proveedores, asesores de campaña, responsables de comunicación y circuitos de aprobación política.
• No para condenarla. Para poder decir: “hemos mirado hasta debajo de la alfombra antes de aceptar que la presidenta no sabía qué alfombra estaba pisando”.

Caso Dina: investigar a las víctimas, siempre una opción creativa

Decisión polémica:

• El caso Dina nace del robo del móvil de Dina Bousselham y de la aparición de su contenido en manos de Villarejo. Es decir, una pieza que, en principio, parecía ir de cloacas, robo de información y guerra sucia.
• Sin embargo, la investigación acabó girando hacia Pablo Iglesias. El Supremo rechazó imputarlo al no ver indicios suficientes.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• Investigar primero a los malhechores antes que a las víctimas.
• Si un móvil robado acaba en el ecosistema de Villarejo, quizá el orden natural de las preguntas era:
• ¿quién robó el móvil?
• ¿quién movió la información?
• ¿quién la filtró?
• ¿quién la usó políticamente?
• ¿quién se benefició de su difusión?
• Y solo después, si sobraba tiempo y pruebas, ponerse creativo con la víctima política de la operación.

Podemos y la financiación venezolana: cuando la imaginación viaja mejor que las pruebas

Decisión polémica:

• García-Castellón impulsó investigaciones sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos a partir de las declaraciones del exgeneral venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal. La Sala Penal acabó ordenando el archivo de una investigación calificada como prospectiva.
• En castellano no jurídico: ir a ver si se encuentra algo, a ver si suena la flauta, a ver si Venezuela, Podemos, Irán, Monedero y el chavismo terminan encajando en algún PowerPoint judicial.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• Exigir indicios sólidos antes de abrir una investigación secreta de enorme impacto político contra un partido.
• La imaginación está muy bien para Netflix. Para instruir causas penales, mejor pruebas, competencia y límites.

Kitchen: los audios de Villarejo y la “libretita” de Bárcenas

Decisión polémica:

• En Kitchen, García-Castellón imputó a Cospedal y a su marido, pero después rechazó volver a imputarla pese a los nuevos audios de Villarejo sobre la “libretita” de Bárcenas y pese al criterio de Anticorrupción.
• El asunto tiene gracia procesal: si Kitchen trata de una operación parapolicial para robar o destruir pruebas sobre la caja B del PP, unos audios donde se habla de la libreta de Bárcenas, Cospedal, Villarejo y el entorno de Rajoy parecen, como mínimo, dignos de muchísimo cariño instructor.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• Exprimir esos audios hasta el último segundo.
• Pedir transcripciones completas, cotejar fechas, cruzar llamadas, citar a quienes aparecían mencionados, reconstruir reuniones, agendas, intermediarios y consecuencias.
• No hacía falta mandar a nadie a galeras. Bastaba con actuar como si unos audios sobre la “libretita” de Bárcenas fueran relevantes en un caso sobre el robo de pruebas de Bárcenas.

Kitchen otra vez: no subir demasiado alto

Decisión polémica:

• La causa Kitchen terminó centrada sobre todo en Interior, policías y mandos concretos. La parte política superior quedó mucho más desdibujada. Rajoy, Cospedal, Sáenz de Santamaría o Arenas han acabado desfilando como testigos, no como acusados.
• Trece años después de los hechos, el país escucha “no lo sé”, “no me consta”, “no recuerdo” y “no tenía conocimiento”.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• Tratar Kitchen como lo que aparentemente era: una operación de Estado para proteger a un partido del Gobierno.
• Eso exigía reconstruir no solo quién pagó al chófer de Bárcenas o quién habló con Villarejo, sino quién tenía interés político en destruir o recuperar esos papeles, quién se beneficiaba de la operación y quién estaba en condiciones de ordenar, conocer o consentir aquello.
• La pregunta no era solo “qué hizo la policía”. Era también “para quién trabajaba la policía”.

Tsunami Democràtic: terrorismo primero, plazos después

Decisión polémica:

• En Tsunami Democràtic, García-Castellón dirigió la causa hacia el terrorismo y señaló a Puigdemont y otros investigados. Después la Audiencia Nacional anuló la prórroga de la instrucción por estar fuera de plazo y la causa acabó archivada.
• Aquí el resumen es precioso: terrorismo sí, pero plazo procesal no.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• Esperar a que Puigdemont cometiera algo razonablemente parecido a terrorismo antes de tratarlo como terrorismo.
• Y, ya puestos, cumplir los plazos procesales. Es una manía muy formalista, pero los plazos legales tienen esa costumbre molesta de llamarse legales.

Jubilación y demanda por honor: no me llames prevaricador

Decisión polémica:

• Ya jubilado, García-Castellón demandó a Ione Belarra por llamarle “corrupto” y “prevaricador”. También ha defendido que quien crea que un juez prevarica debe denunciarlo.
• Correcto. Un juez tiene derecho al honor. Incluso un juez cuyas decisiones han provocado sospechas políticas durante años.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• Aceptar que en democracia la crítica a los jueces existe, especialmente cuando han instruido causas de enorme impacto político.
• Una cosa es proteger el honor. Otra, convertir cualquier crítica dura a la actuación judicial en sacrilegio institucional.

Conclusión

• No hace falta decir que García-Castellón prevaricó. No hace falta llamarle corrupto. No hace falta afirmar que cometió delito alguno.
• Basta con mirar la secuencia.
• Con Lezo y Púnica, prudencia hacia arriba.
• Con Kitchen, límites para subir demasiado.
• Con Dina y Podemos, creatividad expansiva.
• Con Tsunami, terrorismo hasta que los plazos dijeron basta.

El problema no es que todas esas decisiones sean necesariamente ilegales. El problema es que, vistas juntas, obligan a una pregunta muy sencilla:

¿Qué habría pasado si García-Castellón hubiera aplicado siempre la misma intensidad investigadora, el mismo escepticismo y la misma prudencia, afectara el caso al PP, a Podemos o al independentismo?

Porque algunos jueces no necesitan ser prevaricadores para que sus decisiones parezcan escritas por un guionista con demasiada militancia ambiental.

No le llamaré prevaricador.

Le llamaré juez.

Y en España, a veces, eso ya dice bastante.