A casi 16 años de la vigencia de la reforma constitucional en materia religiosa y la promulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la institución católica hace valer de nuevo su papel de importante actor social y político para demandar modificaciones a la Carta Magna y ampliar así su libertad religiosa para poder votar y ser votados a cargos públicos. Al César ni agua y a dios todo.
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