El ministerio del Interior tenía previsto desplegar a policías y guardias civiles en la tarde del viernes. Se trataba de tomar el control los locales señalados como centros de votación 48 horas antes del arranque del 1-O. Los efectivos llegarían en la tarde del viernes a colegios, centros cívicos y ambulatorios y allí permanecerían hasta la caída de la tarde del domingo. Sin moverse, sin necesidad de echar a nadie. Sin permitir la entrada de nadie. Estas eran las ordenes dictadas por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada
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