Cuando, en 1993, el Ministerio de Justicia encargó al psicólogo Miguel Clemente que desarrollara una herramienta predictiva sobre presos, era poco habitual escuchar la palabra “algoritmo”. A principios de ese año, dos apicultores encontraron en una fosa los cuerpos de Toñi, Miriam y Desiré, las víctimas de los crímenes de Alcàsser, un suceso que conmocionó al país y en el que uno de sus autores había escapado de prisión el año anterior usando un permiso penitenciario.
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