Eran las 9.30 de la mañana cuando la Policía Nacional y una comisión judicial entraba en una céntrica vivienda de Alicante para ejecutar un desahucio y hallaba al inquilino muerto, en la bañera. La víctima, afincada en Alicante desde hacía una década y que había trabajado como traductora en la Comisaría, llevaba meses en el paro, no cobraba ya ninguna prestación por desempleo, padecía leucemia e iba a ser desahuciada por impago reiterado del alquiler a su casero.
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