En la carta, las organizaciones afirman que el comercio de armas seguirá siendo "oscurantista" porque el proyecto de ley no regula la obligación de dar detalles sobre cada producto que se exporta a otros países. Las organizaciones preguntan al presidente del Gobierno si España tiene algo que esconder en el negocio de la venta de armas y le piden una ley exigente, eficaz y comprometida con los derechos humanos.
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