Los responsables públicos no pueden autorizar sobrecostes por encima del 20%, salvo casos muy puntuales. Lo insólito del Palma Arena es que Matas lo habría aprobado justo después de la adjudicación y sin cambios relevantes en el proyecto. De confirmarse estos extremos, expertos legales aseguran que podría existir un delito de malversación -si existió lucro- o de fraude. El primero acarrea penas de prisión, y el segundo de inhabilitación.
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