La delirante teoría de la conspiración lucubrada por el Partido Popular, pretendiendo que la sujeción a la ley de sus dirigentes o representantes investigados por indicios de corrupción equivaldría a una "inquisitorial persecución", no hablemos ya de su disparatada pretensión de "elevar" esta patraña al Parlamento Europeo en plena presidencia española de la UE, plantea una inadmisible ofensa a la igualdad ante la ley y apunta, queriendo herirla, a la columna vertebral del Estado constitucional.
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