Los jueces decanos españoles han aprobado este miércoles en Valencia una batería de 58 medidas concretas con alcance “estructural, organizativo y de gestión” para mejorar la lucha contra la corrupción. Es necesario introducir una Ley de Segunda Oportunidad que dé un vuelco al tratamiento de la insolvencia en España.
Me gusta ver que últimamente muchos colectivos están haciendo públicas medidas para mejorar el país, parece que hasta ahora no merecia la pena molestarse en redactarlas o hacerlas públicas.
Interesante la medida que menciona el titular, desde luego ayudaría a que la gente salga del hoyo. También bastante interesantes otras cosas, de hecho, están dando mucha leña al sistema político-judicial actual:
La reforma del Código Penal que plantean incluye: "ampliar la prescripción de los delitos de corrupción”; introducir el delito de enriquecimiento injusto y el “financiación ilegal de partidos políticos”; elevar las penas para delitos relacionados con la corrupción, “en particular los de tráfico de influencias, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos”. Apuestan por rebajar la cantidad a partir de la cual se considera que existe un delito fiscal (hoy son 120.000 euros). Aumentar las penas “para quienes indirectamente amparen, oculten o faciliten la corrupción”, como la “omisión del deber de denunciar”.
modificaciones “en el sistema de selección y nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo General del Poder Judicial e incluso del Tribunal Constitucional”, que opinan que hoy son “excesivamente dependiente de los partidos políticos”. Así como la “eliminación de la posibilidad del nombramiento de magistrados a propuesta de los parlamentos autonómicos”.
Piden una revisión muy profunda del aforamiento, “que genera importantes dilaciones procesales”. Y en ocasiones, afirman, facilitan “la ocultación o destrucción de pruebas”
Los indultos solo deberían concederse, opinan los decanos, cuando “exista informe favorable del tribunal” sentenciador. Y debería dejarse de suspenderse la ejecución de la pena (entrada en prisión, por ejemplo), “en caso de solicitud de indulto” ante lo que consideran un “uso abusivo” de tal posibilidad.
Comentarios
Me gusta ver que últimamente muchos colectivos están haciendo públicas medidas para mejorar el país, parece que hasta ahora no merecia la pena molestarse en redactarlas o hacerlas públicas.
Una Ley de Segunda Oportunidad para mejorar la lucha contra la corrupción.
Dejame adivinar como la van a aplicar los políticos:
si te pillan con las manos en la masa por primera vez, se aplica la ley de la segunda oportunidad y no pasa nada.
lo peor es que sería una mejora... ahora les pillan veinte veces y tampoco pasa nada...
Interesante la medida que menciona el titular, desde luego ayudaría a que la gente salga del hoyo. También bastante interesantes otras cosas, de hecho, están dando mucha leña al sistema político-judicial actual:
La reforma del Código Penal que plantean incluye: "ampliar la prescripción de los delitos de corrupción”; introducir el delito de enriquecimiento injusto y el “financiación ilegal de partidos políticos”; elevar las penas para delitos relacionados con la corrupción, “en particular los de tráfico de influencias, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos”. Apuestan por rebajar la cantidad a partir de la cual se considera que existe un delito fiscal (hoy son 120.000 euros). Aumentar las penas “para quienes indirectamente amparen, oculten o faciliten la corrupción”, como la “omisión del deber de denunciar”.
modificaciones “en el sistema de selección y nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo General del Poder Judicial e incluso del Tribunal Constitucional”, que opinan que hoy son “excesivamente dependiente de los partidos políticos”. Así como la “eliminación de la posibilidad del nombramiento de magistrados a propuesta de los parlamentos autonómicos”.
Piden una revisión muy profunda del aforamiento, “que genera importantes dilaciones procesales”. Y en ocasiones, afirman, facilitan “la ocultación o destrucción de pruebas”
Los indultos solo deberían concederse, opinan los decanos, cuando “exista informe favorable del tribunal” sentenciador. Y debería dejarse de suspenderse la ejecución de la pena (entrada en prisión, por ejemplo), “en caso de solicitud de indulto” ante lo que consideran un “uso abusivo” de tal posibilidad.
De la mano de los jueces podremos mejorar el sistema pero antes tendremos que deshacernos de los políticos corruptos que nos gobiernan.